Los Impactos del TPP

Uber, la Arremetida Neoliberal contra la Ciudad

Camino Estudiantil

Desde que ingreso a Derecho, en 1983, me integro a las luchas estudiantiles por las reivindicaciones propias y por la democratización de la Universidad y el país. En la foto con Marcela fuentes, dirigente Artes en un ayuno en el Centro de Estudiantes de Ingeniería, el CEI, que como la FECH no era reconocida y no tenía local, funciono como epcientro de la organización estudiantil.

En esta imagen, encadenado en las rejas de la facultad de Derecho, seguramente año 1985, exigiendo mayores montos de crédito universitario, para que muchos estudiantes no tuvieran que dejar la U. La lucha era por la sobrevivencia estudiantil, de manera que las propuestas sobre financiamiento permanente no alcanzaban a ser puestas sobre la mesa. En la foto están también Gaspar Hübner y Guillermo de la Jara

La lucha emblemática de los estudiantes de la U fue la resistencia y posterior expulsión de Federici, el año 87. Federici llegaba con un plan de "racionalización" de la Universidad que implicaba su jibarización y dejarla entregada al autofinanciamiento y su consecuente dependencia del mercado. El gallito con Pinochet fue muy fuerte, y algún político de derecha dijo que si caías Federici, luego vendría Pinochet. Y así fue: el 87 sacamos a Federici y el 88 derrotamos a Pinochet en el plebiscito. En la imagen, una asamblea en la sala del decanato, donde le estamos diciendo a Iván Hübner, decano nombrado por Federici, y a Luis Montt (luego alcalde de La Reina), vicedecano, que no íbamos a tolerar su designación y la intervención de la Facultad y que queríamos de vuelta a Mario Mosquera, decano elegido al menos por los profesores titulares.

Esta foto es del mismo día y fue portada de El Mercurio, que quedó escandalizado porque después de expulsar a Hübner, sacamos, en el más perfecto orden, todos los muebles de la oficina del decano y los instalamos en la entrada de la Escuela, como gesto de que el decanato estaba vacante.

En marcha por la Alameda el 88, del brazo de Juan Carlos Jara, presidente de la Asociación de Funcionarios de la U. de Chile, la que se encontraba en paro. Con alguna presión, logramos que la FECH, contralada ya por la Concertación, se sumara y solidarizara con el paro de los trabajadores. 

Una de nuestras luchas era la defensa de los derechos humanos, no solo en Chile, que era harto necesaria, sino que en todas partes, pues la solidaridad es algo que se da y también que se recibe. En la foto junto al padre José Aldunate, deplorando la masacre de 6 jesuitas en El Salvador, entre ellos Ignacio Ellacuría, quienes fueron asesinados por el Ejército en 1989. 

Tratando de ser coherentes en la defensa de los derechos humanos, ya en esa época entendíamos que esta defensa estaba por encima de cualquier ideología. El recorte es de comienzos del 90, criticando la recepción que el recién asumido gobierno de Patricio Aylwin daba al jerarca chino, cuando aún la sangre de la Plaza Tian Ann Men estaba fresca.

Me tocó estar en la directiva de la Fech en el período de transición en Chile y en la U. Esta imagen fue del acto de cambio de mando en el Salón de Honor de la Casa Central, en 1990, donde emplazamos y exigimos se retiren del lugar los rectores militares, quienes fueron cómplices de la desaparición de estudiantes. Con la cabeza gacha, calvo y de bigote, el gral de Ejército Agustín Toro Dávila; a su lado, algo más desafiante, el gral del aire César Ruiz Danyau; levantando su mano y tratando de aplacar la situación, Edgardo Boeninger, entonces mnistro y último rector elegido de la U. En segunda fila, con sonrisa sardónica, el gral Alejandro Medina Lois, verdugo durante el golpe y dos puestos a su derecha, el entonces Intendente Metropolitano Luis Pareto.

Sobre Postulación a Alcaldía de Santiago

A los ciudadanos y ciudadanas de Santiago:

Amigas y amigos:

En los últimos días, organizaciones ciudadanas y algunos movimientos políticos han propuesto mi nombre para levantar una postulación al Municipio de Santiago que enfrente a las candidaturas de la clase política en el poder hace décadas. Agradezco y valoro sinceramente dichos pronunciamientos, que creo tienen su base en el largo trabajo realizado por la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural y por levantar una propuesta de formas de vida reconciliadas con la Tierra.

Esta coyuntura electoral, sin embargo, me encuentra ya comprometido con un esfuerzo ciudadano muy relevante, que es la candidatura de Josefa Errázuriz en la comuna de Providencia. Hemos desarrollado allí también un trabajo en defensa de sus espacios naturales y de su patrimonio arquitectónico, encontrándome en estos días justamente trabajando en perseguir las responsabilidades legales del Municipio en violaciones a las normas de protección patrimonial, lo que ya hemos denunciado junto a Josefa. He cambiado a dicha comuna mi inscripción electoral, soy uno de los patrocinantes formales de su candidatura y a través de las redes sociales he animado también a otras personas a trasladar allí su inscripción para esa importante definición. En ese marco, no consideraría correcto ni viable levantar en forma democrática y participativa en un plazo de dos semanas una candidatura en otra comuna.

No obstante lo dicho, estoy convencido que Chile requiere que desde sus movimientos sociales surja una alternativa que levante la urgencia de una Nueva Democracia, participativa y descentralizada, que ponga en el centro un Buen Vivir para sus habitantes, en reconciliación con su Tierra. Seguiré dedicando lo mejor de mis energías a ello y espero que esa alternativa sea realidad en el breve plazo.

Con un saludo cariñoso

Luis Mariano Rendón 

La FACH y el Presidente

El episodio en que la Fuerza Aérea de Chile obligó al Presidente de la República a firmar un documento de exención de responsabilidad antes de embarcarse en un vuelo de esa institución hacia la ciudad de Los Angeles, ha causado gran sorpresa. En realidad, cuesta entender qué resulta más sorprendente: Si la actitud de la FACH de imponer ese trámite al Presidente, o la de éste, que se sometió a dicha exigencia.

No voy a entrar aquí mayormente al análisis jurídico del asunto. Baste decir que el trámite exigido carece de toda validez. De acuerdo al inciso segundo del artículo 38 de la Constitución vigente: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. La FACH es un organismo del Estado y si por el actuar negligente de sus funcionarios alguna persona resulta lesionada o muere, deberá ser indemnizada por el Fisco. Se trata de derechos de rango constitucional e irrenunciables.

Pero el tema efectivamente no es en primer lugar jurídico. Es de falta de criterio y de no entender las responsabilidades institucionales. La FACH, así como todas las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, debe tener como misión de la más alta relevancia salvaguardar la vida del Presidente de la República, en tanto conductor del país. Sabemos cómo funciona esto en otros países, en los que en caso de peligro, el Presidente es prácticamente secuestrado por los funcionarios a cargo de su seguridad a fin de ponerlo a salvo, y sin preocuparse mayormente por su opinión. Hay un deber para con el país, más allá de la persona que ocupe el cargo en un momento determinado.

Pero eso pasa en otros países. En Chile, la FACH, como hemos visto, tiene distintas prioridades. En vez de decirle al primer mandatario: “Bienvenido a bordo Presidente, es un honor servirle en este vuelo, puede usted confiar en que hemos dispuesto todas las medidas para su máxima seguridad”, lo recibe extendiéndole un formulario para que lo firme y desligarse así de entrada de toda responsabilidad a su respecto. Como si se tratase de un bulto cualquiera que se pueda perder o terminar en otro destino, nuestros aviadores no quieren tener líos si le pasa algo al Presidente.

Si resulta vergonzosa la actitud de la FACH para con el Presidente, no es más decorosa la de éste, cuando los militares le obligan a firmar el documento. En vez de indignarse y poner las cosas en su lugar, ordenando la concurrencia inmediata del mando responsable y representándole lo impropio del procedimiento, sin consciencia ninguna de la dignidad del cargo, S.E firma mansamente. Se ha sabido que también Ricardo Lagos se sometió a un escarnio similar durante su período.

En Chile las cosas no están bien con las Fuerzas Armadas y de Orden. Ya lo pudimos constatar dolorosamente en el terremoto del año pasado: La negligencia de la misma FACH, que durante horas fue incapaz de separar un helicóptero del suelo para que la presidenta de la época pudiera trasladarse a las zonas afectadas y tener información de lo que estaba pasando; La incapacidad de la Armada, que costó la vida de 16 compatriotas en Juan Fernández, los que nunca fueron alertados del tsunami en curso: Algunos años antes, habíamos perdido a 45 jóvenes soldados en Antuco, por la falta de criterio de los mandos. Hoy, ya resulta inocultable la responsabilidad de la FACH en la nueva tragedia de Juan Fernández, al enviar un aparato sin autonomía de vuelo suficiente para buscar un aeródromo alternativo en caso de dificultad de aterrizaje en la Isla.

Jamás, en ninguno de los casos anteriores, se ha exigido la responsabilidad del Comandante en Jefe de la respectiva fuerza. La clase política chilena, toda, no ha tenido el valor de hacer efectivo el principio de la responsabilidad del mando. Los resultados están a la vista: Persistencia de la negligencia, falta de criterio, una mentalidad burocrática en los institutos armados que parece centrada en cómo salvar las responsabilidades, en lugar de en cómo asumirlas en plenitud. La ciudadanía debe estar preocupada y comenzar a tomar cartas también en el asunto militar. Es un ámbito demasiado importante para dejarlo en manos de los militares y de los políticos pusilánimes.

La Ciudadanía dice No a Hidroaysén

Mostramos que el camino era la movilización

La Doctrina Bachelet

De labios de quien fuera su Ministro de Defensa, el país ha conocido cual fue la doctrina del Gobierno de Bachelet en materia de promoción de oficiales que hubiesen integrado la CNI. Francisco Vidal, con su desparpajo habitual, señaló que se decidió considerar “irrelevante” ese antecedente a la hora de las promociones al alto mando. El Gobierno actual, dándole continuidad a esa misma doctrina, decidió ratificar al general Guillermo Castro en el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Por cierto que no fue la única situación en que el Gobierno de Bachelet demostró no tener demasiados escrúpulos en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo que promovía a ex integrantes de la CNI, aplicaba la Ley Antiterrorista de Pinochet, violatoria de principios fundamentales del debido proceso, contra la movilización mapuche. Con ella persiguió incluso a menores de edad. Pero en otras direcciones políticas, tampoco la ex gobernante demostró mayor complicación cuando de visita en Cuba, salió trotando no muy delicadamente cuando le avisan que el dictador en retiro se dignaba a recibirla. Al parecer, mientras se fotografiaba alegremente con ese otro Castro, no se la notaba mayormente preocupada por los presos de conciencia, que en esos mismos momentos languidecían en las cárceles castristas, por el delito de disentir.

Pero analicemos más detalladamente la doctrina de la “irrelevancia” de la ex mandataria en relación a la CNI. Primero, es bueno recordar, para las jóvenes generaciones, que numerosos integrantes de la CNI han sido condenados por los tribunales de justicia por diversos asesinatos de opositores cometidos en operaciones de dicho organismo. Pero incluso sin considerar los asesinatos, la CNI era un organismo donde la tortura estaba institucionalizada y formaba parte del procedimiento común aplicado a los prisioneros. Dejemos hablar al Informe de la Comisión Valech para recordar el procedimiento de rutina del organismo en que sirvió el general Castro:

“Durante la permanencia en recintos de la CNI, a los detenidos se les torturaba con los mismos métodos de las etapas previas, entre los cuales fueron, nuevamente, los más frecuentes los golpes reiterados al bulto y en zonas específicas y la aplicación de electricidad. Era práctica común desnudar y vendar los ojos a los detenidos por largo tiempo. También se recurría con insistencia a otros métodos de tortura, como agresiones sexuales, colgamientos, asfixia y quemaduras. Como ya era costumbre, la aplicación de torturas comenzaba en el momento de la detención, mediante golpes y amenazas. Las víctimas, de inmediato privadas de visión con vendas o capuchas, podían comenzar a ser interrogadas ya en el vehículo de los agentes. Recurrentemente, apenas ingresados al recinto de detención, los afectados eran torturados con electricidad”(Informe Comisión Valech, página 250).

Este era pues, el organismo al que todas las mañanas, después quizás de dejar a sus niños en el colegio, llegaba a prestar sus servicios el ahora general Castro. Vamos a ponernos en el mejor de los casos para él. Vamos a suponer que, directamente, el no acostumbraba a quemar con cigarrillos a los detenidos. Vamos a suponer también que él no colocaba los electrodos a los prisioneros y que tampoco decidía el voltaje de cada descarga. Vamos a suponer, igualmente, que quizás por su religiosidad, no gustaba de participar en las agresiones sexuales contra detenidos o detenidas. Vamos a presumir, que no iba con su sensibilidad el asfixiar a los prisioneros y que colgarlos, derechamente lo indisponía. Vamos a conjeturar que tampoco gustaba de presenciar estos procedimientos y que ni siquiera nunca le tocó dar una orden para que alguien fuera torturado. Bueno, con todas esas suposiciones, algunas bien difíciles, estamos obligados a concluir que al menos, el general Castro fue encubridor de torturadores. En efecto, es evidente que un oficial, además un oficial de la especialidad de inteligencia, que sirve cuatro años en la CNI, años duros, de 1979 a 1982, no pudo menos que saber que allí se torturaba. Y resulta que la tortura, incluso bajo la legislación vigente en esa época de dictadura, era un acto ilícito. Y entonces, teniendo conocimiento de la comisión de actos ilícitos, el hoy general Castro no efectuó las denuncias correspondientes ni hizo nada para al menos, quedar al margen de ese organismo. Eso lo inhabilita moralmente para ejercer un cargo del nivel de responsabilidad del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Creemos que no se dará la situación, pero si el general Castro adujese, por el contrario, que nunca tuvo conocimiento que en la CNI se torturaba, significa que también estaría inhabilitado para el cargo, pero en ese caso por inhabilidad intelectual.

Alguien podría alegar, en defensa del general Castro, que como muchos otros soldados, no tuvo opción y no le quedó más que obedecer de mala gana la destinación a la CNI, la que violentaba sus principios. La verdad, es que su elegida especialidad en inteligencia hace no muy viable esa posibilidad. Además, sus cuatro años de desempeño, indican que seguramente nada de lo que vio le produjo ninguna enfermedad del cuerpo o del espíritu y más bien hace pensar que sus superiores estaban bastante satisfechos con su trabajo. Pero de nuevo, aún en ese caso, en que no hubiese tenido opción, su situación sería igual a la de muchos soldados alemanes que formaron en los cuerpos de exterminio y tortura nazis. Por haber participado en una organización criminal, debe ser puesto fuera de la Institución. Puede agradecer a la falta de escrúpulos de Bachelet y de sus antecesores, el haber llegado al generalato. Pero su alejamiento, junto con el de todos los altos oficiales que se encuentren en la misma situación, es imprescindible para grabar a fuego en la doctrina militar chilena, que nada, nunca, puede justificar la violación de los derechos humanos. Quienes vivimos aquella época, en memoria de aquellos que jamás salieron con vida de las garras de la CNI, y en recuerdo de quienes vieron su vida destrozada por la tortura y aún hoy arrastran ese horror, no vamos a guardar silencio.

¿Por qué no Zarpó la Escuadra?

La Escuadra es la más importante de las fuerzas operativas de la Armada. Tiene su base en Valparaíso y está compuesta por 8 buques oceánicos de combate de superficie, más un petrolero y un remolcador, encargados del apoyo logístico. Las restantes fuerzas operativas de la Armada son la Fuerza de Submarinos, con base en Talcahuano, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Aviación Naval, el Comando de Misileras Norte, con sede en Iquique, el Comando de Misileras Sur, con sede en Punta Arenas, el Comando de Fuerzas Especiales y el Comando Anfibio y de Transportes Navales.

De acuerdo a la doctrina y reglamentos navales, todas las naves de la Armada deben zarpar en caso de terremoto, por el peligro de tsunami, e incluso en caso de temporal, a fin de evitar que puedan ser lanzadas sobre la costa por estos fenómenos naturales o colisionar entre ellas, lo que podría significar su destrucción o graves daños. En los siguientes términos declaró sobre estos aspectos el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados:

“Es doctrina y está escrito en la reglamentación de la Armada de Chile que ante un terremoto los buques tienen que zarpar y sus dotaciones recogerse. Cuando se presenta un temporal sucede igual cosa. Por lo tanto, no es casualidad que los buques de la Armada zarparan, del mismo modo que no lo es que todo el personal estuviera a bordo a pesar de que los buques de la escuadra no lo hicieron” (subrayado nuestro).

Entonces, algo no cuadra en la Escuadra. Sorprendentemente, aunque por doctrina y reglamento todos los buques de la Armada deben zarpar en caso de terremoto, la Escuadra Nacional no lo hizo.

En rigor, la Escuadra debió zarpar inmediatamente ocurrido el terremoto a las 03.34, como lo habrían hecho otras naves de la Armada en otras zonas del país, según el Almirante. La Escuadra, también Según el Almirante González, tenía al momento del terremoto, “casi todo el personal a bordo”.  No fue entonces demora del personal en recogerse el problema.

Pero si no lo hizo al momento del terremoto, sin el menor asomo de duda la Escuadra debió zarpar al momento de recibir la alerta de tsunami de parte del SHOA a las 04.05. Pese al colapso de las comunicaciones de la Armada, la Escuadra sí recibió dicha alerta. Escuchemos nuevamente al Almirante González:

“Respecto de si las unidades de la Armada recibieron la alerta, la verdad es que algunas sí y otras no. ¿Quiénes la recibieron? La escuadra, porque ahí el sistema funcionó, fue uno de los nueve que recibieron la alerta (subrayado nuestro). Pero otros buques no la recibieron. En el caso de los buques que estaban en Talcahuano, por ejemplo, zarparon 10 ó 15 minutos después de producido el terremoto. ¿Por qué? Por doctrina, ya que nuestra doctrina dice claramente que después de un terremoto de esas proporciones hay que zarpar. Da lo mismo si el epicentro fue en tierra o en el mar, porque lo más probable es que venga una ola y destruya un submarino o un buque de guerra”.

Como si la misma ocurrencia del terremoto y la posterior alerta del SHOA no hubiesen sido suficientes antecedentes para no demorar el zarpe ni un instante más, los mismos buques de la Escuadra registraron, adicionalmente, una diferencia violenta de marea a las 04.11 en la bahía de Valparaíso. Nuevamente, dejemos al Almirante González que se refiera a este punto:

“La primera ola que llegó a ese lugar (Talcahuano), que no fue la destructiva, fue a las 03.50 horas. Esa fue la primera diferencia de marea violenta que se produjo. En Valparaíso la midieron los buques de la escuadra y fue a las 04.11 horas (subrayado nuestro).

Tampoco bastó entonces la medición directa de una diferencia violenta de marea para que la Escuadra zarpara. ¿Qué más estaban esperando?

Tratando de hacerse cargo de la evidente contradicción entre lo que él mismo dice que era el deber de todas las naves de la Armada y la actitud de la Escuadra, el Almirante González aduce lo siguiente:

“Afortunadamente, los buques de la escuadra mantuvieron un monitoreo de las mareas en el puerto de Valparaíso y apreciaron bien que no era necesario zarpar (subrayado nuestro), por lo que se mantuvieron en el puerto. La diferencia de marea no fue gravitante”.

Es decir, existiendo una alerta de tsunami vigente entregada por el único organismo autorizado por la ley para emitirla, que es el SHOA, y habiendo sido ella recepcionada perfectamente por la Escuadra, esta hace caso omiso de dicha alerta y, por su cuenta y riesgo, decide quedarse en el puerto “monitoreando” las mareas. ¿Tenía el mando de la Escuadra la atribución de desobedecer la alerta del SHOA y hacer sus propias estimaciones de riesgo, para saber si “era necesario” o no zarpar? Recordemos que justamente, una de las acusaciones que hace la Armada a la ONEMI es que esta no acató la alerta emitida en un fax del SHOA a las 04.07. ¿La ONEMI estaba obligada a acatar la alerta, pero la Escuadra, en cambio podía desecharla y simplemente dedicarse a hacer observaciones de las mareas? ¿Era razonable y prudente ese comportamiento tomando en cuenta el tiempo disponible para ponerse a salvo usualmente en “zonas de sacrificio”? ¿Tuvo derecho el mando de la Escuadra a asumir ese riesgo?

Y por otra parte, ¿es cierto que, como dice el Almirante, “la diferencia de marea no fue gravitante” en Valparaíso? Al menos los datos contenidos en el segundo reporte del PTWC de las 04.45, señalan todo lo contrario. Hasta ese momento, la mayor variación de mareas se había presentado justamente en Valparaíso, con 1,29 mts sobre el nivel normal, a las 04.08, en comparación con 1,15 mts, a las 03.52, en Talcahuano. 

Como es sabido, el tsunami no sólo afectó a la costa sur del país. También fue afectada la costa central y el ejemplo más claro de su poder devastador, también en esta zona, es lo que sucedió en Llolleo. Providencialmente, las olas no ingresaron con fuerza destructiva a Valparaíso. De lo contrario, Chile podría haber sufrido un daño incalculable a su patrimonio de defensa y haber quedado en una situación de absoluta vulnerabilidad nacional.

En las últimas dos décadas, el poder político se ha inhibido de ejercer adecuadamente su rol de mando sobre las Fuerzas Armadas. En esta omisión ha incurrido el poder ejecutivo, viendo la ciudadanía desfilar por el cargo de Ministro de Defensa, con honrosas y fugaces excepciones, personas que han parecido más bien ser portavoces de las Fuerzas Armadas ante el Gobierno, que el mando político que fuerzas esencialmente obedientes y no deliberantes necesitan para cumplir adecuadamente su función. Los resultados de esa política omisiva están a la vista.

Casos extremos de esta situación de subordinación del poder civil a las Fuerzas Armadas son los dos últimos titulares de dicho cargo. Francisco Vidal, quien ante la incredulidad de la ciudadanía, a pocos días de la debacle, calificaba con nota 7 (porque no existía el 8, según él mismo) el desempeño de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el actual titular, Jaime Ravinet, demostrando esa mentalidad carente de la noción del mando civil a que hacemos referencia, y tratando de componer impactantes declaraciones anteriores, señaló a través de twitter recientemente, refiriéndose a las Fuerzas Armadas que "siempre q la autoridad lo solicite, estarán dispuestas a ayudar a la comunidad frente a catástrofes naturales, como lo hicieron el pasado 27F". Ravinet, después de haber estado en dos oportunidades en el ejercicio del cargo, aún no ha logrado comprender que  la autoridad civil no hace “solicitudes” a las Fuerzas Armadas para que estas “ayuden”, como si estuviéramos en una Teletón. En el marco de la Constitución y la ley, el poder democrático “ordena” el cumplimento de misiones a las fuerzas militares.

Esta inhibición del poder civil también ha afectado al Congreso Nacional, que por intermedio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tenía el deber de fiscalizar al Ministerio en el cumplimiento de su misión. Nuevamente, el nivel de alistamiento demostrado por nuestras Fuerzas Armadas el 27 de febrero demostró que esta fiscalización tampoco se ejerció debidamente.

Ha concluido la investigación de la Cámara de Diputados acerca de la reacción estatal frente al maremoto y tsunami. Se rechazó el informe de mayoría de la Comisión Investigadora y la ciudadanía se pregunta: ¿Y ahora qué? ¿Significa esto que no habrá ninguna responsabilidad política que se haga efectiva?

Estimamos que no siendo la única, pero por el riesgo que implicó para la seguridad nacional, al menos la responsabilidad del Comandante en Jefe de la Armada debe ser exigida. Toda esta debacle no puede ser salvada, y no parece valiente tampoco hacerlo, destituyendo a un capitán de navío. El Comandante en Jefe de la Armada se quedó en su casa, sin comunicaciones y enlazándose a través de “mensajeros”. A diferencia de la entonces Presidenta y algunos de sus colaboradores, no se trasladó a su puesto de mando y se limitó a una actitud pasiva de esperar informaciones. No asumió su primer deber militar como líder de la Armada en esos momentos. Ese deber era asegurarse que el patrimonio de la defensa que el país le había confiado a su institución, fuera puesto a salvo en todas sus fuerzas operativas y por supuesto, en la más importante y que tenía más cercana, la Escuadra Nacional. Los señores diputados tienen la palabra. La ciudadanía merece una respuesta.

Luis Mariano Rendón E.

Abogado, Profesor Universidad de Chile.

Integrante de la Iniciativa Ciudadana “Acusación Constitucional contra el Comandante en Jefe de la Armada”

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