La FACH y el Presidente

El episodio en que la Fuerza Aérea de Chile obligó al Presidente de la República a firmar un documento de exención de responsabilidad antes de embarcarse en un vuelo de esa institución hacia la ciudad de Los Angeles, ha causado gran sorpresa. En realidad, cuesta entender qué resulta más sorprendente: Si la actitud de la FACH de imponer ese trámite al Presidente, o la de éste, que se sometió a dicha exigencia.

No voy a entrar aquí mayormente al análisis jurídico del asunto. Baste decir que el trámite exigido carece de toda validez. De acuerdo al inciso segundo del artículo 38 de la Constitución vigente: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. La FACH es un organismo del Estado y si por el actuar negligente de sus funcionarios alguna persona resulta lesionada o muere, deberá ser indemnizada por el Fisco. Se trata de derechos de rango constitucional e irrenunciables.

Pero el tema efectivamente no es en primer lugar jurídico. Es de falta de criterio y de no entender las responsabilidades institucionales. La FACH, así como todas las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, debe tener como misión de la más alta relevancia salvaguardar la vida del Presidente de la República, en tanto conductor del país. Sabemos cómo funciona esto en otros países, en los que en caso de peligro, el Presidente es prácticamente secuestrado por los funcionarios a cargo de su seguridad a fin de ponerlo a salvo, y sin preocuparse mayormente por su opinión. Hay un deber para con el país, más allá de la persona que ocupe el cargo en un momento determinado.

Pero eso pasa en otros países. En Chile, la FACH, como hemos visto, tiene distintas prioridades. En vez de decirle al primer mandatario: “Bienvenido a bordo Presidente, es un honor servirle en este vuelo, puede usted confiar en que hemos dispuesto todas las medidas para su máxima seguridad”, lo recibe extendiéndole un formulario para que lo firme y desligarse así de entrada de toda responsabilidad a su respecto. Como si se tratase de un bulto cualquiera que se pueda perder o terminar en otro destino, nuestros aviadores no quieren tener líos si le pasa algo al Presidente.

Si resulta vergonzosa la actitud de la FACH para con el Presidente, no es más decorosa la de éste, cuando los militares le obligan a firmar el documento. En vez de indignarse y poner las cosas en su lugar, ordenando la concurrencia inmediata del mando responsable y representándole lo impropio del procedimiento, sin consciencia ninguna de la dignidad del cargo, S.E firma mansamente. Se ha sabido que también Ricardo Lagos se sometió a un escarnio similar durante su período.

En Chile las cosas no están bien con las Fuerzas Armadas y de Orden. Ya lo pudimos constatar dolorosamente en el terremoto del año pasado: La negligencia de la misma FACH, que durante horas fue incapaz de separar un helicóptero del suelo para que la presidenta de la época pudiera trasladarse a las zonas afectadas y tener información de lo que estaba pasando; La incapacidad de la Armada, que costó la vida de 16 compatriotas en Juan Fernández, los que nunca fueron alertados del tsunami en curso: Algunos años antes, habíamos perdido a 45 jóvenes soldados en Antuco, por la falta de criterio de los mandos. Hoy, ya resulta inocultable la responsabilidad de la FACH en la nueva tragedia de Juan Fernández, al enviar un aparato sin autonomía de vuelo suficiente para buscar un aeródromo alternativo en caso de dificultad de aterrizaje en la Isla.

Jamás, en ninguno de los casos anteriores, se ha exigido la responsabilidad del Comandante en Jefe de la respectiva fuerza. La clase política chilena, toda, no ha tenido el valor de hacer efectivo el principio de la responsabilidad del mando. Los resultados están a la vista: Persistencia de la negligencia, falta de criterio, una mentalidad burocrática en los institutos armados que parece centrada en cómo salvar las responsabilidades, en lugar de en cómo asumirlas en plenitud. La ciudadanía debe estar preocupada y comenzar a tomar cartas también en el asunto militar. Es un ámbito demasiado importante para dejarlo en manos de los militares y de los políticos pusilánimes.

La Ciudadanía dice No a Hidroaysén

La Doctrina Bachelet

De labios de quien fuera su Ministro de Defensa, el país ha conocido cual fue la doctrina del Gobierno de Bachelet en materia de promoción de oficiales que hubiesen integrado la CNI. Francisco Vidal, con su desparpajo habitual, señaló que se decidió considerar “irrelevante” ese antecedente a la hora de las promociones al alto mando. El Gobierno actual, dándole continuidad a esa misma doctrina, decidió ratificar al general Guillermo Castro en el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Por cierto que no fue la única situación en que el Gobierno de Bachelet demostró no tener demasiados escrúpulos en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo que promovía a ex integrantes de la CNI, aplicaba la Ley Antiterrorista de Pinochet, violatoria de principios fundamentales del debido proceso, contra la movilización mapuche. Con ella persiguió incluso a menores de edad. Pero en otras direcciones políticas, tampoco la ex gobernante demostró mayor complicación cuando de visita en Cuba, salió trotando no muy delicadamente cuando le avisan que el dictador en retiro se dignaba a recibirla. Al parecer, mientras se fotografiaba alegremente con ese otro Castro, no se la notaba mayormente preocupada por los presos de conciencia, que en esos mismos momentos languidecían en las cárceles castristas, por el delito de disentir.

Pero analicemos más detalladamente la doctrina de la “irrelevancia” de la ex mandataria en relación a la CNI. Primero, es bueno recordar, para las jóvenes generaciones, que numerosos integrantes de la CNI han sido condenados por los tribunales de justicia por diversos asesinatos de opositores cometidos en operaciones de dicho organismo. Pero incluso sin considerar los asesinatos, la CNI era un organismo donde la tortura estaba institucionalizada y formaba parte del procedimiento común aplicado a los prisioneros. Dejemos hablar al Informe de la Comisión Valech para recordar el procedimiento de rutina del organismo en que sirvió el general Castro:

“Durante la permanencia en recintos de la CNI, a los detenidos se les torturaba con los mismos métodos de las etapas previas, entre los cuales fueron, nuevamente, los más frecuentes los golpes reiterados al bulto y en zonas específicas y la aplicación de electricidad. Era práctica común desnudar y vendar los ojos a los detenidos por largo tiempo. También se recurría con insistencia a otros métodos de tortura, como agresiones sexuales, colgamientos, asfixia y quemaduras. Como ya era costumbre, la aplicación de torturas comenzaba en el momento de la detención, mediante golpes y amenazas. Las víctimas, de inmediato privadas de visión con vendas o capuchas, podían comenzar a ser interrogadas ya en el vehículo de los agentes. Recurrentemente, apenas ingresados al recinto de detención, los afectados eran torturados con electricidad”(Informe Comisión Valech, página 250).

Este era pues, el organismo al que todas las mañanas, después quizás de dejar a sus niños en el colegio, llegaba a prestar sus servicios el ahora general Castro. Vamos a ponernos en el mejor de los casos para él. Vamos a suponer que, directamente, el no acostumbraba a quemar con cigarrillos a los detenidos. Vamos a suponer también que él no colocaba los electrodos a los prisioneros y que tampoco decidía el voltaje de cada descarga. Vamos a suponer, igualmente, que quizás por su religiosidad, no gustaba de participar en las agresiones sexuales contra detenidos o detenidas. Vamos a presumir, que no iba con su sensibilidad el asfixiar a los prisioneros y que colgarlos, derechamente lo indisponía. Vamos a conjeturar que tampoco gustaba de presenciar estos procedimientos y que ni siquiera nunca le tocó dar una orden para que alguien fuera torturado. Bueno, con todas esas suposiciones, algunas bien difíciles, estamos obligados a concluir que al menos, el general Castro fue encubridor de torturadores. En efecto, es evidente que un oficial, además un oficial de la especialidad de inteligencia, que sirve cuatro años en la CNI, años duros, de 1979 a 1982, no pudo menos que saber que allí se torturaba. Y resulta que la tortura, incluso bajo la legislación vigente en esa época de dictadura, era un acto ilícito. Y entonces, teniendo conocimiento de la comisión de actos ilícitos, el hoy general Castro no efectuó las denuncias correspondientes ni hizo nada para al menos, quedar al margen de ese organismo. Eso lo inhabilita moralmente para ejercer un cargo del nivel de responsabilidad del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Creemos que no se dará la situación, pero si el general Castro adujese, por el contrario, que nunca tuvo conocimiento que en la CNI se torturaba, significa que también estaría inhabilitado para el cargo, pero en ese caso por inhabilidad intelectual.

Alguien podría alegar, en defensa del general Castro, que como muchos otros soldados, no tuvo opción y no le quedó más que obedecer de mala gana la destinación a la CNI, la que violentaba sus principios. La verdad, es que su elegida especialidad en inteligencia hace no muy viable esa posibilidad. Además, sus cuatro años de desempeño, indican que seguramente nada de lo que vio le produjo ninguna enfermedad del cuerpo o del espíritu y más bien hace pensar que sus superiores estaban bastante satisfechos con su trabajo. Pero de nuevo, aún en ese caso, en que no hubiese tenido opción, su situación sería igual a la de muchos soldados alemanes que formaron en los cuerpos de exterminio y tortura nazis. Por haber participado en una organización criminal, debe ser puesto fuera de la Institución. Puede agradecer a la falta de escrúpulos de Bachelet y de sus antecesores, el haber llegado al generalato. Pero su alejamiento, junto con el de todos los altos oficiales que se encuentren en la misma situación, es imprescindible para grabar a fuego en la doctrina militar chilena, que nada, nunca, puede justificar la violación de los derechos humanos. Quienes vivimos aquella época, en memoria de aquellos que jamás salieron con vida de las garras de la CNI, y en recuerdo de quienes vieron su vida destrozada por la tortura y aún hoy arrastran ese horror, no vamos a guardar silencio.

¿Por qué no Zarpó la Escuadra?

La Escuadra es la más importante de las fuerzas operativas de la Armada. Tiene su base en Valparaíso y está compuesta por 8 buques oceánicos de combate de superficie, más un petrolero y un remolcador, encargados del apoyo logístico. Las restantes fuerzas operativas de la Armada son la Fuerza de Submarinos, con base en Talcahuano, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Aviación Naval, el Comando de Misileras Norte, con sede en Iquique, el Comando de Misileras Sur, con sede en Punta Arenas, el Comando de Fuerzas Especiales y el Comando Anfibio y de Transportes Navales.

De acuerdo a la doctrina y reglamentos navales, todas las naves de la Armada deben zarpar en caso de terremoto, por el peligro de tsunami, e incluso en caso de temporal, a fin de evitar que puedan ser lanzadas sobre la costa por estos fenómenos naturales o colisionar entre ellas, lo que podría significar su destrucción o graves daños. En los siguientes términos declaró sobre estos aspectos el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados:

“Es doctrina y está escrito en la reglamentación de la Armada de Chile que ante un terremoto los buques tienen que zarpar y sus dotaciones recogerse. Cuando se presenta un temporal sucede igual cosa. Por lo tanto, no es casualidad que los buques de la Armada zarparan, del mismo modo que no lo es que todo el personal estuviera a bordo a pesar de que los buques de la escuadra no lo hicieron” (subrayado nuestro).

Entonces, algo no cuadra en la Escuadra. Sorprendentemente, aunque por doctrina y reglamento todos los buques de la Armada deben zarpar en caso de terremoto, la Escuadra Nacional no lo hizo.

En rigor, la Escuadra debió zarpar inmediatamente ocurrido el terremoto a las 03.34, como lo habrían hecho otras naves de la Armada en otras zonas del país, según el Almirante. La Escuadra, también Según el Almirante González, tenía al momento del terremoto, “casi todo el personal a bordo”.  No fue entonces demora del personal en recogerse el problema.

Pero si no lo hizo al momento del terremoto, sin el menor asomo de duda la Escuadra debió zarpar al momento de recibir la alerta de tsunami de parte del SHOA a las 04.05. Pese al colapso de las comunicaciones de la Armada, la Escuadra sí recibió dicha alerta. Escuchemos nuevamente al Almirante González:

“Respecto de si las unidades de la Armada recibieron la alerta, la verdad es que algunas sí y otras no. ¿Quiénes la recibieron? La escuadra, porque ahí el sistema funcionó, fue uno de los nueve que recibieron la alerta (subrayado nuestro). Pero otros buques no la recibieron. En el caso de los buques que estaban en Talcahuano, por ejemplo, zarparon 10 ó 15 minutos después de producido el terremoto. ¿Por qué? Por doctrina, ya que nuestra doctrina dice claramente que después de un terremoto de esas proporciones hay que zarpar. Da lo mismo si el epicentro fue en tierra o en el mar, porque lo más probable es que venga una ola y destruya un submarino o un buque de guerra”.

Como si la misma ocurrencia del terremoto y la posterior alerta del SHOA no hubiesen sido suficientes antecedentes para no demorar el zarpe ni un instante más, los mismos buques de la Escuadra registraron, adicionalmente, una diferencia violenta de marea a las 04.11 en la bahía de Valparaíso. Nuevamente, dejemos al Almirante González que se refiera a este punto:

“La primera ola que llegó a ese lugar (Talcahuano), que no fue la destructiva, fue a las 03.50 horas. Esa fue la primera diferencia de marea violenta que se produjo. En Valparaíso la midieron los buques de la escuadra y fue a las 04.11 horas (subrayado nuestro).

Tampoco bastó entonces la medición directa de una diferencia violenta de marea para que la Escuadra zarpara. ¿Qué más estaban esperando?

Tratando de hacerse cargo de la evidente contradicción entre lo que él mismo dice que era el deber de todas las naves de la Armada y la actitud de la Escuadra, el Almirante González aduce lo siguiente:

“Afortunadamente, los buques de la escuadra mantuvieron un monitoreo de las mareas en el puerto de Valparaíso y apreciaron bien que no era necesario zarpar (subrayado nuestro), por lo que se mantuvieron en el puerto. La diferencia de marea no fue gravitante”.

Es decir, existiendo una alerta de tsunami vigente entregada por el único organismo autorizado por la ley para emitirla, que es el SHOA, y habiendo sido ella recepcionada perfectamente por la Escuadra, esta hace caso omiso de dicha alerta y, por su cuenta y riesgo, decide quedarse en el puerto “monitoreando” las mareas. ¿Tenía el mando de la Escuadra la atribución de desobedecer la alerta del SHOA y hacer sus propias estimaciones de riesgo, para saber si “era necesario” o no zarpar? Recordemos que justamente, una de las acusaciones que hace la Armada a la ONEMI es que esta no acató la alerta emitida en un fax del SHOA a las 04.07. ¿La ONEMI estaba obligada a acatar la alerta, pero la Escuadra, en cambio podía desecharla y simplemente dedicarse a hacer observaciones de las mareas? ¿Era razonable y prudente ese comportamiento tomando en cuenta el tiempo disponible para ponerse a salvo usualmente en “zonas de sacrificio”? ¿Tuvo derecho el mando de la Escuadra a asumir ese riesgo?

Y por otra parte, ¿es cierto que, como dice el Almirante, “la diferencia de marea no fue gravitante” en Valparaíso? Al menos los datos contenidos en el segundo reporte del PTWC de las 04.45, señalan todo lo contrario. Hasta ese momento, la mayor variación de mareas se había presentado justamente en Valparaíso, con 1,29 mts sobre el nivel normal, a las 04.08, en comparación con 1,15 mts, a las 03.52, en Talcahuano. 

Como es sabido, el tsunami no sólo afectó a la costa sur del país. También fue afectada la costa central y el ejemplo más claro de su poder devastador, también en esta zona, es lo que sucedió en Llolleo. Providencialmente, las olas no ingresaron con fuerza destructiva a Valparaíso. De lo contrario, Chile podría haber sufrido un daño incalculable a su patrimonio de defensa y haber quedado en una situación de absoluta vulnerabilidad nacional.

En las últimas dos décadas, el poder político se ha inhibido de ejercer adecuadamente su rol de mando sobre las Fuerzas Armadas. En esta omisión ha incurrido el poder ejecutivo, viendo la ciudadanía desfilar por el cargo de Ministro de Defensa, con honrosas y fugaces excepciones, personas que han parecido más bien ser portavoces de las Fuerzas Armadas ante el Gobierno, que el mando político que fuerzas esencialmente obedientes y no deliberantes necesitan para cumplir adecuadamente su función. Los resultados de esa política omisiva están a la vista.

Casos extremos de esta situación de subordinación del poder civil a las Fuerzas Armadas son los dos últimos titulares de dicho cargo. Francisco Vidal, quien ante la incredulidad de la ciudadanía, a pocos días de la debacle, calificaba con nota 7 (porque no existía el 8, según él mismo) el desempeño de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el actual titular, Jaime Ravinet, demostrando esa mentalidad carente de la noción del mando civil a que hacemos referencia, y tratando de componer impactantes declaraciones anteriores, señaló a través de twitter recientemente, refiriéndose a las Fuerzas Armadas que "siempre q la autoridad lo solicite, estarán dispuestas a ayudar a la comunidad frente a catástrofes naturales, como lo hicieron el pasado 27F". Ravinet, después de haber estado en dos oportunidades en el ejercicio del cargo, aún no ha logrado comprender que  la autoridad civil no hace “solicitudes” a las Fuerzas Armadas para que estas “ayuden”, como si estuviéramos en una Teletón. En el marco de la Constitución y la ley, el poder democrático “ordena” el cumplimento de misiones a las fuerzas militares.

Esta inhibición del poder civil también ha afectado al Congreso Nacional, que por intermedio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tenía el deber de fiscalizar al Ministerio en el cumplimiento de su misión. Nuevamente, el nivel de alistamiento demostrado por nuestras Fuerzas Armadas el 27 de febrero demostró que esta fiscalización tampoco se ejerció debidamente.

Ha concluido la investigación de la Cámara de Diputados acerca de la reacción estatal frente al maremoto y tsunami. Se rechazó el informe de mayoría de la Comisión Investigadora y la ciudadanía se pregunta: ¿Y ahora qué? ¿Significa esto que no habrá ninguna responsabilidad política que se haga efectiva?

Estimamos que no siendo la única, pero por el riesgo que implicó para la seguridad nacional, al menos la responsabilidad del Comandante en Jefe de la Armada debe ser exigida. Toda esta debacle no puede ser salvada, y no parece valiente tampoco hacerlo, destituyendo a un capitán de navío. El Comandante en Jefe de la Armada se quedó en su casa, sin comunicaciones y enlazándose a través de “mensajeros”. A diferencia de la entonces Presidenta y algunos de sus colaboradores, no se trasladó a su puesto de mando y se limitó a una actitud pasiva de esperar informaciones. No asumió su primer deber militar como líder de la Armada en esos momentos. Ese deber era asegurarse que el patrimonio de la defensa que el país le había confiado a su institución, fuera puesto a salvo en todas sus fuerzas operativas y por supuesto, en la más importante y que tenía más cercana, la Escuadra Nacional. Los señores diputados tienen la palabra. La ciudadanía merece una respuesta.

Luis Mariano Rendón E.

Abogado, Profesor Universidad de Chile.

Integrante de la Iniciativa Ciudadana “Acusación Constitucional contra el Comandante en Jefe de la Armada”

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Pinochet y Castro(s): Analogías.

Un fuerte debate se ha generado a partir de la conmoción por la muerte de un prisionero de conciencia en huelga de hambre en Cuba y las manifestaciones de las Damas de Blanco, demandando la liberación de decenas de disidentes encarcelados. En uno de esos debates sugerí que era posible encontrar más de alguna semejanza entre  la dictadura de Pinochet y la de los Castro. Otros intervinientes lo negaron categóricamente y me desafiaron a señalar siquiera una. Obligado entonces, enuncié las siguientes. Juzgue el lector la pertinencia.

1.- Ambas dictaduras se identifican completamente con la Patria. Estar en contra del régimen castrista es ser “anticubano”. Luchar contra Pinochet era estar en contra de los principios mismos de la "chilenidad".

2.- Quien lucha contra el régimen cubano es porque es un "mercenario" vendido a los dólares del imperio. Quienes luchamos contra la dictadura de Pinochet estábamos vendidos al "Oro de Moscú". No había posibilidad de que alguien luchara honestamente contra un régimen cuyos principios y acciones repudiaba.

3.- Ambos rechazan la “ingerencia en los asuntos internos" de los organismos de derechos humanos que reclaman por las violaciones cometidas en su territorio.

4.- Ambos impiden la libertad de prensa. En esta comparación sale ganando Pinochet, pues aunque con censura y hasta con crímenes contra periodistas en alguna ocasión, en Chile tuvimos la posibilidad de tener radios, revistas y diarios opositores legales de circulación abierta, los que jugaron un rol fundamental en la recuperación de la democracia. Mi saludo para esos valientes profesionales. En Cuba, después de 50 años, no hay ningún medio opositor legal. Los pocos que existen son clandestinos y muchos periodistas están entre los presos de conciencia.

5.- En ambos regímenes no existe poder judicial independiente. No hay para que hablar de las siniestras fiscalías militares y el vergonzoso rol de los tribunales ordinarios chilenos (salvo unos pocos jueces íntegros). En Cuba, un tribunal condena a muerte a tres personas, que no hirieron ni mataron a nadie, mediante un proceso muy expedito: El 3 de abril del 2003 cometían el delito y el 11 del mismo mes ya estaban fusiladas.

6.- Por supuesto, ambos prohíben que los opositores se organicen políticamente. Eso, claro, es de la esencia de toda dictadura.

7.- Ambos justifican todas las penurias de su pueblo en la agresión externa. El boycot del comunismo internacional en el caso chileno. El bloqueo gringo en el caso cubano. Y por supuesto que ambas cosas tenían parte de verdad, pero servían también para ocultar los propias negligencias. Raúl Castro ha dicho ahora que está luchando contra la corrupción y el derroche. Y aunque el bloqueo norteamericano es efectivo y causa daño, Cuba comercia con muchos otros países y buena parte de su economía descansa precisamente en el intercambio internacional.

8.- Ambos rinden culto al militarismo. El Capitán General aquí, el Comandante allá.

9.- Como personajes primitivos de su época, ambos dictadores expresaban machismo y homofobia. Algunas frases famosas: Pinochet, en el Club de la Unión en 1990: El ejército alemán está lleno de "marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas”. Fidel Castro, durante el éxodo de Mariel en 1980: “Ahí se va la escoria de la sociedad cubana, se van delincuentes, se van homosexuales”. En este aspecto hay que reconocer que con Raúl ha existido una cierta mejoría, que puede ser motivada por diversas causas. Una de ellas, el rol de su hija Mariela en la defensa de las minorías sexuales.

10.- Ambos han sido maestros en el uso de la infiltración. Los "sapos" aquí, los "chivatones" allá. En esto da la impresión que por la cultura chilena, la dictadura no se enorgullecía mucho de ello públicamente. Allá, el régimen castrista se vanagloria abiertamente de cómo sus agentes de seguridad llegan a convertirse en dirigentes de las organizaciones disidentes.

11.- Ambos eran “agredidos” por transmisiones desde el exterior. Radio Martí allá; Radio Moscú y Radio Magallanes acá.

12.- Ambos organizan eventos electorales carentes de las mínimas garantías para tratar de legitimarse. Las elecciones con partido único y sin libertad de prensa allá, la consulta del 78 y el plebiscito del 80 acá. Hay que reconocer que en el plebiscito del 88 la dictadura chilena tuvo que entregar cierta libertad de acceso a la televisión a los opositores, la recordada franja electoral. Eso sin duda contribuyó a su derrota. Allá, no corren riesgos.

13.- Como buenas bestias políticas, ambos supieron deshacerse de aquellos que internamente osaron cuestionar su conducción. Pinochet destituye en 1978 al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, quien había sido uno de los cuatro Generales que encabezaron el golpe de Estado de 1973. Castro, ya en el mismo año 1959, manda a la cárcel por 20 años a uno de los principales comandantes de la revolución, Huber Matos.

14.- Ambos regímenes necesitan deshumanizar a sus adversarios, para luego hacerlos fácil blanco de cualquier abuso. Gusanos allá, humanoides acá.

Pero para ser justos, hay también diferencias, entre ellas:

1.- En cuanto a la legitimidad del origen, Castro logra ponerse a la cabeza del derrocamiento de un dictador, habiendo iniciado la lucha de guerrillas tres años antes. Pinochet en cambio, toma la decisión de sumarse a un golpe de Estado que habían impulsado otros y con ello frustra las pocas posibilidades de una salida política incruenta a la muy real y aguda crisis que vivía el país.

2.- Salvo las primeras etapas, en que los revolucionarios hicieron famoso el paredón, la represión cubana no ha alcanzado el nivel de brutalidad de la represión de Pinochet, con sus 3.000 detenidos desaparecidos, ejecutados y muchos miles más de torturados. No nos metamos en el tema de los exiliados para no echar a perder esta comparación favorable a los Castro.

3.- La dictadura cubana ha logrado avances importante en varios indicadores de calidad de vida con un PIB más bien modesto.

4.- Por supuesto, los valores que proclaman son muy distintos. En Chile, la competencia, la libertad económica, el individualismo. El régimen cubano enarbola la igualdad, la solidaridad, el compromiso con lo colectivo. Esto último ha hecho que no pocos hayamos sido embrujados un tiempo por esa parte de la historia.

He estado en Cuba y he visto como, en lugar de carteles llamando a consumir tal o cual marca, hay llamados a cultivar valores humanos, al compromiso social. Eso, si fuese fruto de la decisión libre e informada de su pueblo, sería absolutamente admirable y sería el tipo de sociedad que querría para Chile. Por desgracia, no lo es.

Después de decir todo esto, alguien me replicó que, pese a todas las semejanzas, la gran diferencia estribaba en los fines: El bienestar de su pueblo, en el caso de los Castro y el servir a la oligarquía y el capital externo, en el caso de Pinochet. Las prebendas de la burocracia, en los primeros y una sincera convicción en el credo neoliberal, en el segundo, podrían cuestionar eso, pero concedamos el punto por ahora. Entonces, si la gran diferencia estuviera en los fines, aparece el viejo dilema de si esos fines justifican los medios. Para mi, no.

Me interpretaron las Palabras del Presidente

Me interpretaron las palabras del Presidente de la República exigiendo, a nombre de Chile, respeto para los derechos humanos violados por la dictadura castrista. Que diferencia con la Bachelet, que cuando estuvo en Cuba no abrió la boca respecto de los presos de conciencia y que lo más vistoso que hizo fue salir corriendo, con un indigno trotecillo, cuando le avisan que el dictador convaleciente se dignaba recibirla. 

Lo único que a uno le queda dando vueltas, es por qué no se escuchó a Sebastián Piñera defender con la misma fuerza los derechos humanos cuando en Chile se violaban en forma mucho más brutal. Debe haber tenido otras preocupaciones altruistas que consumían su tiempo.

Pero afortunadamente, respecto de la dictadura cubana Piñera ha tenido siempre una línea de principios muy clara. En la foto se lo observa cuando visitó Cuba como Senador. Su expresión deja en evidencia que fue durísimo con el dictador y que debe haberlo fustigado enérgicamente por los abusos cometidos. Por supuesto que en ningún momento se le debe haber pasado por la mente hablar de negocios y de cómo levantarle alguna de las movidas a Max Marambio.

Carencia de Mando

La grave situación enfrentada por el país ha dejado de manifiesto la carencia de un sentido de mando efectivo en el escalafón político respecto de las Fuerzas Armadas. Veinte años después del término de la dictadura militar ello no resulta excusable. El no contar con un mando efectivo pone en una situación de alta vulnerabilidad a Chile, tanto en casos de desastres naturales como ante eventuales conflictos internacionales.

Fue usual, tanto en su gestión como Ministra de Defensa y posteriormente como Presidenta de la República, ver a Bachelet vistiendo uniforme militar, navegando en unidades de la Armada o tripulando vehículos blindados del Ejército. Por desgracia, estos gestos comunicacionales no permitieron un empoderamiento real de la saliente mandataria en su papel de conductora de la fuerza militar del país.

Esta falta de sentido del mando ha quedado de manifiesto en la presente crisis. La primera manifestación de ello fue la tardanza en decretar Estado de Catástrofe y desplegar fuerzas en la zona más afectada. Esa era una medida que debió estar contemplada en los planes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas bajo la dirección del Ministerio de Defensa, a partir del aprendizaje histórico en nuestro propio país y de la experiencia internacional. Esa experiencia muestra que después de un desastre de esta magnitud se requiere presencia militar para ayudar en la asistencia directa  a la población, para distribuir los suministros disponibles y para el control del orden público, ante el desabastecimiento y saqueos completamente previsibles. No se ordenó oportunamente despliegue militar, como se ha sabido, por sugerencias de asesores políticos al parecer con la vista más puesta en los abusos militares de hace 20 años que en la necesidad actual de la población. Eso fue un error de proporciones. La situación de caos en que cayeron Concepción y Talcahuano, con incendios generalizados, significó un grave entorpecimiento a las mismas tareas de rescate. Por cierto este despliegue militar con el carácter preventivo con que debió haber sido dispuesto podría haber hecho innecesaria la represión que luego se debió desplegar. La fuerza militar habría actuado por presencia. Por supuesto, en un país bien organizado, esa presencia militar debió incluso ensamblarse desde un primer momento con las organizaciones territoriales de la sociedad civil, preparadas para asumir responsabilidades en estas situaciones.

Una segunda manifestación de esta carencia de mando efectivo ha sido que hasta la fecha no sea destituido el Comandante en Jefe de la Armada. Ello debió haber ocurrido en el primer momento como consecuencia necesaria de la inexcusable negligencia cometida por el SHOA. Pero esa no fue la única negligencia grave del mando naval. Tampoco se cumplió con los protocolos que ordenan sacar mar afuera las unidades de la Armada para evitar que sean dañadas por la marejada. La impactante, pero mejor mirada, vergonzosa imagen de una torpedera colocada encima de edificaciones en Talcahuano es una muestra irrefutable de ese actuar negligente. Falta por investigar qué sucedió con el resto de las unidades de la Armada. Es muy probable que haya sido puesto en riesgo buena parte de ese material de defensa que cuesta una cantidad inmensa de recursos a todos los chilenos y que mayores daños no se hayan registrado sólo por la clemencia del maremoto con otras zonas, como con el Puerto de Valparaíso. Finalmente, el Almirante González debe ser destituido porque intentó desinformar a la opinión pública. En efecto, en declaraciones a un periodista de TVN, González, luego de reconocer la responsabilidad de la Armada al no ser clara ante la consulta de la Presidenta efectuada al SHOA a las 05.15, aduce en defensa de la institución que, no obstante, la alarma había sido ya lanzada por radio y mediante un fax enviado a ONEMI a las 04.07. Ello resulta completamente falso, como se desprende de la sola lectura del mencionado documento. http://www.scribd.com/doc/27800608/fax-shoa Allí sólo se señala que de producirse el tsunami, dicha situación sería “informada oportunamente”.

El despliegue oportuno de las fuerzas y la destitución del mando militar negligente no habría hecho sino reforzar la confianza pública en el mando político, confianza necesaria para mantener la tranquilidad ciudadana y evitar además un desgastante debate respecto a las ineludibles responsabilidades.

Presidenta: Solidaridad no es Impunidad

En declaraciones a una radioemisora de la capital, usted ha dicho, con cierta irritación,  que “…basta ya de buscar responsables”. Lo siento Presidenta, pero lo que ha ocurrido es demasiado grave para no buscar responsables. Por cierto que el primer deber es auxiliar a los más afectados. La sociedad civil, después de recoger los destrozos en sus propias casas, ha comenzado a hacerlo, quizás con más agilidad que el Estado, ayudando a los que más sufren. La solidaridad se seguirá expresando con fuerza. Sin embargo, muchos no queremos que este esfuerzo solidario de la mayoría de los chilenos opere también como cortina de humo para que tras ella se escabullan quienes tienen tanto que responder. Los barcos de la Armada no dejaron de navegar con víveres, cuando finalmente zarparon, claro, por el hecho de que su Comandante en Jefe comience a reconocer responsabilidades.

Es que no hay explicación Presidenta para el hecho que no se haya dado la alarma de tsunami. Deben aclararse las versiones todavía encontradas entre la ONEMI y la Armada. Pero de cualquier forma, ¿le parece a usted razonable el tiempo que se tomó la Armada, de acuerdo a su versión, para dar la alarma? El Servicio norteamericano estaba alertando diez minutos después del terremoto. El Servicio Chileno se toma alrededor de media hora, cuando cada minuto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de mucha gente. Por otra parte, ¿le parece que es una respuesta válida la de la directora de ONEMI cuando dice que el fax del SHOA era ilegible? ¿No sintió esa señora alguna pequeña curiosidad por saber qué diablos le quería decir el servicio especializado en tsunamis después de un terremoto? Era ilegible y punto.

Tampoco hay explicación para que hayan pasado varias horas sin que usted supiera qué pasaba en las zonas más afectadas. No es explicable que todo el sistema de comunicaciones de emergencia de un país esté en el suelo. Los sistemas de emergencia son precisamente para cuando se corta la luz Presidenta. Parece que las radios de la ONEMI estaban sin batería, pero, ¿no tenemos destacamentos de las Fuerzas Armadas en esas zonas? ¿O los sistemas de comunicación de esos destacamentos quedan inutilizados con simplemente cortarles la luz? Y a propósito, déjeme decirle que me dio cierta vergüenza cuando usted le pide a Hillary Clinton que le traiga algunos teléfonos satelitales y ella le pasa uno ante la prensa. Su gobierno ha gastado en tanta frivolidad el dinero de los chilenos, como por ejemplo donarle un millón de dólares a alguien para que se compre un hummer, pero sin embargo, ¿no se había preocupado de dotar adecuadamente a los organismos que actúan en  emergencia con esa tecnología, para velar por nuestra seguridad?

Tampoco es explicable que usted se haya tardado tanto en declarar Estado de Catástrofe, despachar suministros y desplegar fuerzas. Así como se sabe que tras un terremoto de esa magnitud en la costa se generan tsunamis, también se sabe que sobreviene desabastecimiento y saqueos. ¿Era necesario que los saqueos comenzaran para actuar? Ha escuchado usted que en el fútbol, como en la política y en la gestión de desastres la capacidad de anticipación es esencial?

Porque no se trata de ser “general después de la guerra” como ha dicho usted Presidenta. Nadie puede ser tan genial para enfrentar una situación así y en base a improvisación, a pensar en ese momento cada solución, dar respuestas adecuadas a todos los desafíos. Una tragedia de esta magnitud sólo se puede enfrentar correctamente en base a una rigurosa planificación, a pensar por adelantado frente a distintos escenarios. Ese es deber esencial de nuestras Fuerzas Armadas bajo la dirección del Ministerio de Defensa. Entonces, o aquí no había tal planificación, o era insuficiente o no se implementó. En cualquiera de esas posibilidades, la responsabilidad es prioritariamente del Gobierno.

Es que sabe Presidenta, ha muerto mucha gente. ¿Qué siente cuando piensa que quizás muchas personas pueden haber creído en lo que su Gobierno le decía y no se protegió o bajó de sus sitios de protección y que por eso hoy están muertas?

Punto aparte merece el tema de las construcciones nuevas que se han derrumbado o han quedado gravemente dañadas. En este tema sólo pueden ocurrir una de dos situaciones. O no existen normas de construcción adecuadas, caso en el cual la responsabilidad es del Estado, en particular del Gobierno y más específicamente del Ministerio de Vivienda, o esas normas existen, pero las inmobiliarias, movidas naturalmente por el afán de lucro, pariente tan cercano de la falta de escrúpulos, no son fiscalizadas, caso en el cual la responsabilidad es también del Estado, en este caso de los municipios. Lo cierto es que en cualquier caso, por esta responsabilidad, el Estado debe ser particularmente proactivo en buscar soluciones y no lavarse las manos y dejar a la gente abandonada para que se enfrente en los tribunales a las inmobiliarias.

Por todo lo dicho, espero que usted comprenda por qué habemos muchos que pensamos que todo lo que ha sucedido debe ser juzgado, sancionado y muchas familias indemnizadas. Sí, “indemnizadas” Presidenta, no simplemente objeto de “ayudas”. Me refiero a los familiares de las víctimas fatales del tsunami. La falta de una alerta constituye precisamente un caso de “falta de servicio de los organismos del Estado”, organismos que contaban con todos los medios adecuados para proteger a la población, medios que cuestan todos los años miles y miles de millones de pesos a todos los chilenos y que fueron utilizados negligentemente. La falta de servicio que causa daño, como usted sabe, genera para el Estado la obligación de indemnizar.

Y por cierto las responsabilidades políticas también deben ser esclarecidas. Afortunadamente, esa exigencia de responsabilidad no tiene para que quitar ahora ni un minuto de tiempo a sus ministros o al comandante en Jefe de la Armada. El mecanismo para hacerla efectiva existe, se llama acusación constitucional y puede interponerse en contra de los ministros de Estado hasta tres meses después de dejar su cargo, por la causal constitucional de “Poner en riesgo la seguridad de la Nación”. Porque pienso que usted estará de acuerdo conmigo Presidenta, en que en ningún ámbito es buena la impunidad.